La ocupación de una instalación portuaria de la multinacional Cargill logró que se revocara un decreto que pretendía convertir las aguas sagradas en una hidrovía privatizada para barcazas de soja
Hélia Kumaruara cruza la avenida que bordea el río en Santarém, al oeste del estado brasileño de Pará, con su nieta Teçá Naiá en brazos. La cacica de la aldea Muruary también lleva en brazos un río. Es por el Río Tapajós que camina rodeada de sus compañeros indígenas. El domingo 8 de febrero ya está llegando a su fin cuando Hélia pone los pies sobre un antiguo cementerio indígena, sepultado por el puerto de Cargill, la mayor empresa privada del país de Donald Trump. Desde el 22 de enero, Indígenas de 14 pueblos de la región del Bajo y Medio Tapajós están acampados allí, frente a la Terminal de Cargill, símbolo de la invasión de las aguas: la multinacional estadounidense ya construyó dos puertos de exportación de soja en Pará sin nunca haber consultado a las comunidades.
El levantamiento se realiza en contra de un decreto que privatiza el Río Tapajós y de una resolución que sentencia su dragado. Al enfrentar la trama que se adueña del río y lo transfigura en una vía fluvial privatizada para un flujo cada vez más intenso de barcazas y granos, los cerca de 600 Indígenas que están en la ocupación hacen de Santarém la primera línea de resistencia contra el agrocapitalismo global.
¡Surara!, braman los pueblos guerreros. Reivindican el Río Tapajós.
Los Indígenas piden la derogación del decreto 12.600, firmado en agosto de 2025 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que incluye las hidrovías de los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins en el Programa Nacional de Privatización, lo que significa que el Estado transferiría la gestión del tráfico y el mantenimiento de esas hidrovías a grandes empresas. En Brasil, hasta la fecha, no se ha privatizado ninguna hidrovía. El gobierno planea hacer este año la primera concesión de una vía fluvial del país, la hidrovía del Paraguay, que se extiende desde Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, hasta la desembocadura del Río Apa, en la frontera con Paraguay.
Los pueblos que están en la ocupación también exigen la cancelación de la licitación para el dragado del río, que se publicó en el Diario Oficial el 23 de diciembre. En esa misma edición se publicó la ley de licenciamiento ambiental especial, que exime de licenciamiento los dragados de mantenimiento, como el que el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (Dnit) quiere hacer en el Río Tapajós. Lo que los Indígenas exigen incluye la realización de una consulta libre, previa e informada con los pueblos que se verán afectados por las intervenciones, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Brasil es signatario.
La hidrovía de aproximadamente 280 kilómetros funciona en el tramo del Río Tapajós que está entre los municipios de Itaituba y Santarém. Según el propio Dnit, no se sabe bien la fecha exacta de su creación, pues se mantiene el uso histórico del Río Tapajós como ruta para el transporte fluvial, “principalmente por parte de las comunidades locales y, más recientemente, por empresas que transportan granos por el llamado Arco Norte”, dice el organismo.
En la región del Tapajós, el corredor logístico Arco Norte abarca la apertura de nuevos puertos privados y la instalación de Ferrogrão, un corredor ferroviario que conectará Sinop, en el estado de Mato Grosso, con Miritituba, distrito de Itaituba, en el estado de Pará. Integradas a la carretera BR-163, estas vías, además de transportar la soja y el maíz que dominan la región centro oeste de Brasil, avanzan sobre las tierras de la Amazonia, lo que lleva a la expansión de monocultivos, la usurpación de tierras públicas, la deforestación y el envenenamiento por agroquímicos. El eje Tapajós del Arco Norte tendría conexiones tanto con el eje Madeira como con el eje Tocantins, donde están las demás hidrovías que el decreto pone a la venta.
Al igual que la explosión del Pedral de Lourenção, en el Río Tocantins, el dragado del Río Tapajós está previsto como obra del Nuevo PAC, el programa del gobierno federal para acelerar el crecimiento económico. El problema es que remover sedimentos del Río Tapajós para aumentar la profundidad del canal navegable plantea riesgos a la biodiversidad, incluso a especies en peligro de extinción como el manatí amazónico. Remover el lecho del río también puede activar el mercurio que se acumula allí después de años de contaminación debido a la minería ilegal. También preocupan los impactos sobre la movilidad ribereña y los seres encantados que habitan las aguas. Por eso, los pueblos que son río luchan por el Tapajós.
Desde que los Indígenas bloquearon el acceso por tierra a la Terminal de Cargill y al Puerto de Santarém, pasaron 14 días hasta que los representantes del gobierno federal vinieran a la ciudad a negociar. Mientras tanto, el proceso de licitación para el dragado estaba en marcha. Marcelo Fragoso, de la Secretaría General de la Presidencia de la República, llegó a la ciudad el 4 de febrero, cuando entraba en vigor la nueva ley general de licenciamiento, que destruye el licenciamiento ambiental del país. Se presentó con el siguiente mensaje: “Ustedes nos plantearon tres temas: decreto, consulta y dragado. Estamos aquí, en el día de hoy, para discutir con ustedes sobre la consulta y el dragado. Si quieren otra respuesta con respecto al decreto, tengo que volver y hablar con los ministerios”. Ese día, en protesta por la posición del gobierno, el movimiento bloqueó la avenida que da acceso al aeropuerto. Se cancelaron tres vuelos.
La aldea de Gilson Tupinambá, cacique general de su pueblo, está situada en la desembocadura del Río Amorim, que es un área de reproducción de peces y uno de los puntos definidos para el dragado en el Río Tapajós. “Mírame a los ojos”, le dijo el cacique al representante del gobierno de Lula da Silva. “Ya pasé el mediodía y estoy en plena tarde, tengo más de 50 años. Lo que me preocupa son nuestros hijos, nuestros nietos. Sabemos que estamos aquí en el arco de la agroindustria, el Arco Norte. Sabemos todo acerca del plan de muerte que nos han trazado. Esto no va a pasar. No va a pasar”.
Ya era la noche del 4 de febrero cuando el gobierno presentó una propuesta: suspender el proceso de licitación electrónica para el dragado; garantizar la consulta con los pueblos indígenas sobre el dragado y la hidrovía; formar un grupo de trabajo para definir el proceso de consulta. Al día siguiente, el 5, los Indígenas que estaban en la ocupación se reunieron y presentaron una contrapropuesta: la derogación del decreto 12.600 o la retirada del Río Tapajós del decreto y la garantía de consulta con los pueblos de los ríos Madeira y Tocantins; la anulación —no la suspensión— de la licitación para el dragado; la ampliación del grupo de trabajo para discutir todos los proyectos que involucren al Río Tapajós. El gobierno federal tenía hasta el mediodía del viernes 6 de febrero para contestar.
El movimiento no recibió una respuesta directa. Después del plazo, un comunicado público firmado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Guilherme Boulos, el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, y la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, anunció la suspensión de la licitación, la creación de un grupo de trabajo enfocado exclusivamente en el proceso de consulta y la organización de un cronograma para las consultas. Los pueblos del Tapajós consideran que el gobierno federal rompió las negociaciones con esta decisión unilateral que ignora sus derechos. Por eso, siguen frente a la terminal de Cargill.
El dragado amenaza vidas en el Río Tapajós
El Tapajós nace en el estado de Mato Grosso de la confluencia de los ríos Teles Pires y Juruena, y sigue su curso hasta su desembocadura en Santarém, estado de Pará, donde se entrega al Río Amazonas. Allí, frente a ese encuentro de las aguas, se inauguró en 1974 el Puerto de Santarém con la presencia del dictador Emílio Garrastazu Médici, dos años antes de la carretera BR-163. Casi 30 años después, en 2003, Cargill empezó a operar su terminal de transporte de granos en la ciudad. Vera Paz, una playa muy concurrida por la población local, fue destruida y dio paso a los tres silos de la multinacional. Debajo de ellos, un sitio arqueológico donde se encontraron vestigios de actividades ceremoniales y funerarias sostiene el peso de los granos. En 2017, Cargill llegó a Itaituba con una estación de transbordo de carga, donde los granos que llegan en camiones se ponen en barcazas y se transportan al Puerto de Santarém.
Un estudio de la organización Terra de Direitos muestra que, entre 2013 y 2023, se duplicó el número de instalaciones portuarias en el Río Tapajós: aumentó de 20 a 41, considerando los puertos en operación, los que están en construcción y los previstos. La Ley de Puertos, aprobada en 2013, impulsó el boom del sector portuario privado. El volumen de soja y maíz que recorre el río también se multiplica, según datos de la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios. En 2021, sumaron 7,8 millones de toneladas. En 2025, alcanzaron los 15,4 millones. El año pasado, Cargill celebró una operación en la que transportó cerca de 111.000 toneladas de maíz, entre Miritituba y Santarém, en un solo convoy que empujaba 36 barcazas.
Brasil es el mayor productor y exportador de soja del mundo. El principal destino de esta producción es China. Rafaella Sena, investigadora del grupo ReExisTerra del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, analiza la privatización del Río Tapajós desde la perspectiva de un modelo de desarrollo centrado en la exportación de commodities, productos agrícolas y minerales. “Esto genera una presión muy grande para que haya una infraestructura logística para transportar esta producción. Los puertos del Arco Norte han adquirido relevancia estratégica para la agroindustria porque están más cerca del mercado asiático, a través del Canal de Panamá, y también más cerca de los puertos de Europa”.
El plan de dragado surge para garantizar condiciones de navegabilidad para las barcazas de granos. En 2024 y 2025, sin consultar a las comunidades locales ni realizar estudios ambientales adecuados, el Dnit inició dragados de emergencia del Río Tapajós. Se observaron dragas removiendo el río, pero la actividad se terminó interrumpiendo. La licitación de diciembre planea tres años para retirar los sedimentos y señala al menos siete puntos críticos que se van a dragar. Uno de ellos es Santarenzinho, un lugar sagrado para los Munduruku. Otro es Monte Cristo, donde hay un banco de arena donde desovan charapas arrau, las tortugas de agua dulce más grandes de Sudamérica.
Alessandra Korap y los guerreros Munduruku trajeron el grito del Medio Tapajós a la ocupación de Cargill. “Los pariwat [los blancos] ven el río como una mercancía. Nosotros vemos el río como vida”, distingue Alessandra. Las dragas de la hidrovía corren el riesgo de despertar, en las profundidades del Río Tapajós, el mercurio de la minería ilegal que contamina a los Munduruku. La profesora Diani Less, del Instituto de Ciencias y Tecnología de las Aguas de la Universidad Federal del Oeste de Pará, explica por qué: “La agitación del fondo tiende a aumentar la turbidez del agua y puede removilizar los sedimentos que están acumulados. Esto requiere atención, ya que la Cuenca del Tapajós, debido a las condiciones naturales del suelo y a las actividades de la minería ilegal, presenta altas concentraciones de mercurio”.
Representa un riesgo para los modos de vida de les más-que-humanes de las aguas, comprometiendo su alimentación, refugio y reproducción. Representa un riesgo para los modos de vida de les humanes que viven a lo largo de las riberas, con conflictos por el uso del río e impactos sobre la navegación tradicional debido al tráfico cada vez más intenso de grandes embarcaciones. Y representa un riesgo para el Río Tapajós, el ancestro más antiguo de los pueblos de esta zona de la Amazonia, que puede perder su dinámica natural. El cacique Gilson Tupinambá cuenta que el río tiene voz, también habla por sí mismo. “El mejor ejemplo fue cuando se secó. El río da su respuesta”.
Los documentos de la licitación fundamentan la necesidad de dragar el lecho citando los críticos episodios de sequía de los últimos años. En 2024, la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico decretó escasez de agua en la Cuenca del Tapajós. Lo que el Dnit no dice es que la grave sequía deriva del proyecto de destrucción que el dragado y la hidrovía profundizan. El agrocapitalismo deforesta para crear pastizales y tierras de cultivo. Trae puertos, hidrovías y ferrovías. Más infraestructura conduce a más producción. Más producción induce expansión logística. Como si fuera poco, el ciclo activa el mercado de tierras, haciendo que la especulación y la usurpación de tierras públicas ronden los territorios, e infesta la zona de agroquímicos.
“Cuando se suman los impactos de estos grandes emprendimientos en toda la cuenca a los cambios climáticos globales, el resultado es un sistema hidrológico más vulnerable, inestable y sujeto a extremos. Lo que está en marcha en el Tapajós son los impactos acumulativos de los cambios de uso de la tierra, la pérdida de la selva, la expansión de la agroindustria y la implementación de grandes obras logísticas, interactuando con un clima cada vez más extremo”, evalúa la profesora de la Universidad Federal del Oeste de Pará.
En definitiva, ¿cuántas luchas pueden caber en la reivindicación de un río?
Enzo Arapiun cumple 8 años en la lucha
Mientras los mayores deciden el rumbo del levantamiento y los jóvenes mantienen la vigilancia en las barricadas, los pequeños Indígenas hacen del campamento su escuela: juegan en la carpa, corren sobre el cemento, aprenden y enseñan sobre el río y la lucha. Entre ellos se encuentra Enzo Arapiun, el niño que enfrentó hace un año al gobernador de Pará, Helder Barbalho, y fue testigo de la victoria de los pueblos del Tapajós después de un mes de ocupación en Belém, en la Secretaría de Educación del estado. Esa batalla se había librado por la derogación de una ley del estado de Pará que les quitaba derechos a los maestros y amenazaba la educación indígena imponiendo teleclases. Ahora, la revocación que se espera es la del decreto que privatiza el río. Para evitar que la fuerza sucumba al cansancio, la memoria de la batalla anterior por la educación es una aliada.
Una vez más, Enzo pasó su cumpleaños en una ocupación. El día que cumplió 7 años estaba en la ocupación en Belém, defendiendo el derecho a la educación en las aldeas. Cumplió sus ocho años frente al puerto de Cargill, luchando por la reivindicación del gran río de su tierra. Auricelia Arapiun, una lideresa de voz fuerte de la región del Bajo Tapajós, lamenta no haber podido festejar la fecha como su hijo se lo merece. Una de las crueldades de las amenazas que no cesan es que, como exigen una resistencia constante, terminan metiéndose dentro de las pequeñas cosas que importan. “Es muy violento para él, es malo para mí como madre. Pero, por otro lado, es algo que le queda para toda la vida. Recordará que estuvo en la lucha”.
Cargill intenta expulsar a los pueblos desde el segundo día del levantamiento. La multinacional de Minnesota, en Estados Unidos, presentó una demanda en los tribunales de Pará exigiendo la desocupación inmediata del lugar. Relató que se acerca el principio de la cosecha de granos y que la obstrucción de la entrada a su terminal puede generar pérdidas financieras, la facturación de Cargill ronda los 800.000 millones de reales (unos 152.000 millones de dólares). Los tribunales negaron su pedido.
SUMAÚMA preguntó a Cargill, vía correo electrónico, cómo se manifiesta al respecto de la ocupación indígena, el dragado y la privatización de la hidrovía. Hasta el momento de terminar este reportaje, no había llegado ninguna respuesta.
A la Secretaría General de la Presidencia de la República, SUMAÚMA le preguntó si el gobierno continuará las negociaciones con los pueblos del Tapajós. No recibimos ninguna respuesta hasta el momento de terminar esta edición. Líderes del movimiento estuvieron en Brasilia el martes 11 de febrero. Se reunieron con la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, y, en el Congreso Nacional, presentaron una solicitud de audiencia pública sobre las hidrovías en la Comisión de la Amazonia y de los Pueblos Originarios y Tradicionales.
La ocupación continúa frente a Cargill, y la demora en atender sus reivindicaciones expone a los Indígenas. La semana pasada, una ordenanza de la Comisión de Seguridad Pública en Puertos, Terminales y Vías Navegables del Estado de Pará (Cesportos-PA) elevó el nivel de seguridad del Puerto de Santarém, autorizando la acción integrada de la Policía Militar y la Policía Federal. El Ministerio Público Federal recomendó que Cesportos revocara la ordenanza y que la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará no utilizara fuerzas policiales para reprimir la ocupación.
En la noche del jueves 5 de febrero, un concejal de Santarém, Malaquias Mottin (del Partido Liberal), avanzó con su auto descapotable sobre los Indígenas y contra una barrera de bloqueo en el tramo de la carretera BR-163 que da acceso a la Terminal de Cargill. En un comunicado, el político alega que lo habían atacado. “¡Fuera Malaquias!”, proclamaba uno de los carteles de la manifestación del domingo en la orilla de la ciudad. El lunes 9, los pueblos acudieron al Concejo Municipal para entregar un pedido de impeachment contra el parlamentario por atentar contra la vida de los Indígenas que defienden el río. Al día siguiente, la Casa Legislativa aceptó la solicitud y formó una comisión para investigar lo sucedido.
La reivindicación del Tapajós también recibe apoyo. El cacique Raoni Mêtyktire, que enfrenta el cerco de la agroindustria en su territorio, pidió en un video que el movimiento siga resistiendo. Comunidades tradicionales, ribereñas, extractivistas y pesqueras del Río Tocantins manifestaron su solidaridad con los Indígenas en su lucha por revocar el decreto 12.600. Las comunidades de los territorios del Río Madeira garantizaron que el movimiento contra la privatización de la hidrovía en Santarém las representa.
Esta movilización en contra de la privatización de las aguas ya estaba en marcha durante la COP30, días después de que Lula da Silva fuera al Tapajós con una delegación de ministros. En esa oportunidad, el pasado mes de noviembre, en Belém, Indígenas de la región del Bajo Tapajós esquivaron la seguridad de la ONU y entraron a la Zona Azul sin haber sido invitados. Días después, fue el turno de los Munduruku del Medio Tapajós de bloquear la entrada a la Conferencia del Clima. El grito de los pueblos llevó la voz del río al mundo.
En el cierre de la Cumbre de los Pueblos, movilización popular paralela a la COP que reunió a más de mil organizaciones y movimientos sociales, el ministro recién nombrado, Guilherme Boulos, afirmó: “Tenemos un compromiso. El gobierno federal realizará, con respecto al Tapajós, una consulta libre, previa e informada con todos los pueblos de la región antes de implementar cualquier proyecto en el río”. El compromiso no se cumplió. Ni siquiera había terminado el año cuando el gobierno anunció que, además de la privatización de la vía fluvial, también se realizarían obras de dragado.
Enzo y Auricelia estaban en Belém en la COP. Allí, el pequeño guerrero Arapiun le había preguntado a su madre si por casualidad tenía dinero, mucho dinero. Si lo tuviera, tal vez podría comprar el Tapajós —ya que Lula quiere venderlo— y luego dejar que el río fluya libremente. Él sabía lo que estaba en juego. Antes de enfrentar la complicidad entre el Estado y el capital en el levantamiento que ocupa la entrada del puerto de Cargill, Auricelia vio brotar en los sueños de Enzo la reivindicación del Río Tapajós.
Después de 33 días de ocupación, llegó la reivindicación. El 23 de febrero, el gobierno federal decidió revocar el decreto 12.600/2025. Auricelia Arapiun y una caravana indígena fueron a Brasilia para asegurar la victoria.
En Santarém ya había cerca de 1.200 Indígenas acampados. Habían llegado los Munduruku, del Alto Tapajós, y los Kayapó y Panará, del Alto Xingú. Cuando los vientos del Tapajós trajeron la noticia de la revocación, se alzaron lanzas, vibraron maracas y resonaron cánticos de celebración. Emocionada, Alessandra Korap lloró.
A más de 3.000 kilómetros de distancia, periódicos de São Paulo y Río de Janeiro de la vieja prensa tradicional, preocupados por los activos de la agroindustria, hicieron un escándalo. Calificaron la recuperación del río de desparpajo y chantaje. Y al gobierno de pusilánime por capitular.
Tres días después de la victoria, cansada de guerra, Hélia Kumaruara se convirtió en ancestra. “Lo que le pasó no es un problema individual de salud. Es un problema político. Es el cuerpo indígena que paga el precio de la omisión del Estado y de la presión del capital sobre el territorio”, escribió Auricelia. La cacica que durante el levantamiento llevó en brazos al Tapajós todavía sigue viva en el río. Su nieta Teçá Naiá continuará la lucha, por su abuela y por el río.
Nota editorial: este reportaje fue actualizado el 3 de marzo para incluir información sobre la revocación del decreto 12.600/2025.
Guilherme Guerreiro Neto es periodista e investigador brasileño. Es doctor en Desarrollo Socioambiental por el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, Brasil, y máster en Periodismo por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Ha realizado reportajes para InfoAmazonia en los proyectos amazónicos ‘Amazônia Sufocada’ (2020) y ‘Engolindo Fumaça’ (2021), este último ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Su investigación se centra en la Amazonia y la colonialidad, las narrativas de los pueblos amazónicos, y la comunicación y la resistencia.
Esta traducción al español del artículo de Guilherme Guerreiro Neto, realizada por Julieta Sueldo Boedo, apareció inicialmente en Sumaúma y se republica aquí con permiso.
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