La reciente detención de dos líderes mayas es simbólico de la creciente represión y criminalización de los pueblos indígenas por parte del Estado guatemalteco.
La detención en abril de los líderes mayas Luis Pacheco y Héctor Chaclán ha generado indignación nacional e internacional, así como preocupación por la intensificación de la criminalización de los pueblos indígenas por parte del Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos es el nombre que se le da a una alianza entre empresas, oligarcas, militares, y entidades de derecha que, a menudo, ha utilizado al Estado guatemalteco para lograr sus propios intereses. Tras la renuncia de Otto Pérez Molina en 2015 por corrupción, descubierta por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, el Pacto de Corruptos intensificó sus esfuerzos para frenar las iniciativas anticorrupción y emprendió una guerra legal para perseguir las voces disidentes. Pacheco y Chaclán están siendo acusados por el Ministerio Público (MP) de “asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia”. Si son condenados por terrorismo, podrían pasar hasta 30 años de prisión.
Estos presuntos delitos se basan en su papel como líderes y participantes del Paro Nacional de 106 días, ocurrido entre octubre de 2023 y enero de 2024, que logró una transición pacífica del poder después de que el Pacto de Corruptos amenazara con impedir la toma de posesión del entonces presidente electo Bernardo Arévalo. Feliciana Herrera, autoridad ancestral maya ixil de Nebaj, me comenta respecto al Paro Nacional de 106 días: “Las autoridades indígenas en este caso prácticamente salieron a manifestar su inconformidad, primero contra la corrupción, contra la impunidad, y en contra ese atentado contra el derecho que creemos es constitucional, es un derecho fundamental que se tiene como población”. Las acciones del Pacto de Corruptos, en particular las de María Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, generaron serias preocupaciones sobre un intento de golpe de Estado en Guatemala y una mayor regresión hacia el autoritarismo. Durante ese periodo, Pacheco fue presidente y Chaclán, tesorero de los 48 cantones de Totonicapán, una de las autoridades ancestrales maya K’iche’ de Guatemala. Pacheco es el actual viceministro de Desarrollo Sostenible, Minas y Energía.
Una de las demandas del Paro Nacional de 2023 fue la renuncia de Consuelo Porras, quien ha sido implicada y señalada por la comunidad internacional en casos de corrupción. En 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. afirmó que Consuelo Porras había “obstruido y socavado repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos” y despedido a abogados que investigan la corrupción. El sistema judicial guatemalteco se ha utilizado cada vez más para cometer actos de guerra legal contra comunidades indígenas, periodistas, y activistas de derechos humanos, entre otros. La detención de Pacheco y Chaclán señala otra ola de represión contra los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales, ya que este precedente permite que cualquier persona involucrada en el Paro Nacional de 2023 sea susceptible de arresto. Según Human Rights Watch, “el caso se encuentra bajo reserva judicial, una maniobra frecuentemente utilizada por fiscales en Guatemala para evitar el escrutinio público sobre procesos penales arbitrarios”.
La comunidad internacional condena las detenciones
En una carta abierta del 25 de abril, 39 autoridades ancestrales y comunidades denunciaron la detención de Pacheco y Chaclán. En ella, condenaron y rechazaron “rotundamente, la criminalización y terrorismo judicial” y “el uso arbitrario del derecho penal del enemigo, en contra de los pueblos indígenas, sus autoridades que junto con los pueblos libraron la lucha por la defensa de la democracia y exigieron la preservación del precario Estado de derecho en” Guatemala. Además, afirmaron que las detenciones realizadas por el Ministerio Público representaron “un nuevo intento de golpe de Estado”. Desde entonces, se han realizado múltiples acciones y manifestaciones para exigir la liberación de Pacheco y Chaclán, quienes permanecen en prisión preventiva. El 29 de abril, varias autoridades ancestrales de todo el país, el presidente Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y la mayoría de los ministros del gobierno sostuvieron una conferencia de prensa para exigir la renuncia de Consuelo Porras y la liberación de Pacheco y Chaclán.
La comunidad internacional ha denunciado la detención de Pacheco y Chaclán. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país y se reunió con autoridades ancestrales para evaluar la situación de los derechos humanos. Estas expresaron su preocupación por el uso de inteligencia militar para perseguir y vigilar a líderes, de forma similar a la guerra. Para Herrera, la detención de Pacheco y Chaclán es una forma de guerra legal por parte del MP, no solo contra figuras políticas, sino también contra comunidades indígenas que manifiestan. Me comenta que la intención de la persecución política del MP es crear un ambiente de intimidación y miedo para atemorizar y reprimir a la gente e impedir que alce su voz.
Al hablar con un líder maya viviendo en Estados Unidos que afirma ser una autoridad indígena en el exilio, la detención de Pacheco y Chaclán “es un ataque a los pueblos indígenas con el objetivo de meter miedo, de querer justificarse ellos en el poder”. Además, afirma que la detención no se basó únicamente en el Paro Nacional de 2023. “106 días no es única, no es la única lucha que hemos hecho, hemos hecho muchas luchas atrás, [así como] la participación en la caída de Otto Pérez Molina, en la reforma constitucionales” y en las luchas por la tierra, señaló. Con respecto a la acusación de terrorismo, afirma que estas son acusaciones falsas que solo “deja claro… el odio, es la desesperación que ellos tienen por detener nuestras luchas… lo que están haciendo ellos es terrorismo, porque lo que están haciendo es aterrorizando a las comunidades indígenas con encarcelar a todos los que se opongan a ellos, eso es el mensaje… el terror no de nosotros, sino el terrorismo de ellos hacia a nosotros”. Reflexionando sobre la guerra legal en Guatemala, la autoridad maya en el exilio afirma que las leyes se utilizan para aterrorizar y atacar a las comunidades indígenas, describiendo el uso de las leyes como una continuación de la violencia de la guerra.
Ampliación de la Criminalización Regional
El arresto de Pacheco y Chaclán forma parte de una ola regional más amplia de encarcelamiento masivo y criminalización y detención global de activistas, pueblos indígenas y oprimidos. Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un estado de excepción, que suspende ciertos derechos constitucionales y ha dado lugar a arrestos masivos, caracterizados por detenciones arbitrarias, abusos de derechos humanos y la negación del debido proceso. Particularmente preocupante es la detención de personas en la megacárcel conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que detiene hasta 40,000 presos. El país ha experimentado un aumento de presos políticos, como Ruth López, abogada anticorrupción arrestada en mayo de este año y crítica del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Por su parte, Bukele ha negado las acusaciones de violaciones de derechos humanos utilizando la amenaza de las pandillas como chivo expiatorio y ha declarado: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”.
En Estados Unidos, la creciente militarización y persecución de quienes disienten de las políticas de Trump ha llevado a detenciones y arrestos auspiciados por el Estado. La detención en marzo del residente legal permanente Mahmoud Khalil, debido a su defensa de Palestina en la Universidad de Columbia, generó alarma y señaló que la administración Trump estaba intensificando sus esfuerzos represivos contra activistas. El uso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar con impunidad, cuyos agentes a menudo usan cubiertas faciales para ocultar sus identidades y han detenido a ciudadanos estadounidenses, ha violado el debido proceso y las libertades civiles. La administración respondió a los manifestantes en Los Ángeles en junio enviando a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para reprimirlos violentamente, lo que evidencia el creciente autoritarismo y fascismo en la región.
Con respecto a la situación actual de Guatemala, Feliciana Herrera afirma que el Ministerio Público, la fiscalía general y varios jueces criminalizan a defensores de derechos humanos y pueblos indígenas. Han pasado más de dos meses desde la detención de Pacheco y Chaclán, y el caso es un símbolo del sistema judicial guatemalteco, que favorece al Pacto de Corruptos. “Estamos en un país que vive de la corrupción, que protege la corrupción y que mantiene la impunidad en muchos casos”, afirma Herrera. Sin embargo, lo que queda claro al hablar con Herrera es que, a pesar de la criminalización y los desafíos institucionales, seguirán luchando sin detenerse y buscando la libertad de Pacheco y Chaclán.
Giovanni Batz es profesor asistente del Departamento de Estudios Chicanas y Chicanos de la Universidad de California, Santa Bárbara. Es autor del libro ‘The Fourth Invasion: Decolonizing Histories, Extractivism, and Maya Resistance in Guatemala’ (University of California Press, 2024).
Este artículo se publicó originalmente en NACLA.
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